El Gobierno inyectará hasta 3.600 millones de euros en el sector de la dependencia hasta el 2023. Es el fruto del acuerdo al que ha llegado con las comunidades autónomas y las organizaciones del sector para implementar un plan de choque para un ámbito que ha sido duramente castigado por la pandemia. A Cataluña, le corresponden alrededor de 46,6 millones y es la segunda autonomía que más dinero recibirá.

Esta inversión debe consolidar el sector y poner en marcha medidas que se reclamaban desde hace muchos años. En concreto, los 3.600 millones deben servir para actuar en estos ámbitos:

• Reducir de forma sustancial las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes de las ayudas. Actualmente hay 230.000 personas dependientes en lista de espera de recibir la prestación, y 150.000 más que aún esperan a ser valoradas.
• Asegurar buenas condiciones laborales para los trabajadores del sector.
• Introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen una atención adecuada a los usuarios. Preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.
• Regular la figura profesional del asistente personal. El acuerdo prevé que esto se haga durante este año.
• Garantizar el servicio de teleasistencia a todas las personas dependientes reconocidas que vivan en su domicilio. Este servicio se debe implementar a finales de 2022 como «derecho subjetivo».

Incremento del 17,4%

El acuerdo entre gobierno, autonomías y entidades del sector también recoge el compromiso de aumentar la financiación del sistema de dependencia por parte de la administración en al menos 600 millones de euros en 2021 y hasta 3.600 millones más hasta el 2023. Una parte de este dinero proviene de los fondos europeos para la recuperación de la pandemia de Covid-19.

El aumento de 600 millones incluye un incremento de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado. Además, se adquiere el compromiso de pactar propuestas para la revisión del acuerdo de acreditación de centros y servicios.

Fruto del diálogo

En 2019 el estado aportó 1.387 millones al sistema de dependencia y en 2020, unos 1.382. En 2021 debería llegar a los 2.029, mientras que en 2022 habría que situarse en los 2.629 millones y, en 2023, en los 3.229 millones. El acuerdo es fruto del proceso de diálogo y negociación que se inició en julio pasado, cuando las organizaciones del sector y los sindicatos presentaron un documento de trabajo que marcaba la ruta a seguir, un documento que enseguida fue recogido por las administraciones.

Actulamente, el sector de atención a la dependencia supone el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, con un volumen económico de más de 6.000 millones de euros. La gran mayoría -4.500 millones- corresponden a las residencias, mientras que las ayudas a domicilio suponen cerca de 1.500 millones y la teleasistencia, casi 140 millones. El sector emplea a medio millón de personas, la gran mayoría de las cuales son mujeres.