Se calcula que en el mundo hay más de mil millones de personas que viven con alguna discapacidad funcional. Esto significa alrededor del 15% de la población mundial y, con los criterios éticos actuales, es evidente que la humanidad no puede permitirse dejar estas personas atrás. Se trata, pues, de empoderarlas para que puedan tomar sus propias decisiones vitales.
Desde 2006, las personas con discapacidad tienen un instrumento muy valioso, como es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada por muchos países, entre ellos España. La Convención define como garantizar los derechos de las personas con discapacidad y prevé medidas de no discriminación, a partir de estos principios generales:
- El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
- La no-discriminación.
- La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
- La igualdad de oportunidades.
- La accesibilidad.
- La igualdad entre el hombre y la mujer.
- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.
El empoderamiento
Los estados que han ratificado la Convención se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para garantizar estos derechos y hacer cumplir los principios generales del documento. Pero esto no siempre es fácil ni rápido, ya que para garantizar estos derechos hace falta una nueva visión del papel de la administración -en toda su dimensión- que supere el carácter paternalista que ha tenido hasta ahora y apueste decididamente por el empoderamiento de las personas con discapacidad, tanto física como psíquica.
Desde diferentes ámbitos -la ética, la psicología… – se ha definido el empoderamiento como la capacidad de cada persona de tomar sus propias decisiones vitales, asumiendo con ello los riesgos de estas decisiones y la responsabilidad que se deriva. Esto significa que las personas con discapacidad también deben tener el derecho de dirigir su propia vida y que nadie debe tomar decisiones en su nombre, tanto como sea posible.
Este modelo de la discapacidad quiere hacer visible las capacidades de las personas para promocionar su vida independiente y la planificación de apoyos a partir del principio de la autonomía y, por tanto, centrados en la persona. El empoderamiento, pues, se promoverá mediante:
- El reconocimiento de las competencias de las personesamb discapacidad.
- Una oferta amplia y diversa de soportes con prestaciones económicas, tecnológicas y de servicios.
- Estos soportes deben facilitar la elección y las preferencias y, por tanto, la autonomía de decidir de las personas.
- Estrategias específicas para las situaciones en que las personas tienen dificultades para autodeterminarse debido a afectaciones cognitivas, conductuales o mentales.
El empoderamiento, pues, tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan autodeterminarse y tener la máxima autonomía personal. Y ese es el principio que debería regir la actuación de la administración.
Podéis consultar aquí el texto completo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
Quique Gómez
Psicólogo Centro Medico Atlàntida